Hay mil casos similares al de #Mara por todo el país y no hacemos nada.
Carlota tenía 15 años de edad cuando fue violada por un vecino, por temor, denunció el ataque 75 días después, hasta que se dio cuenta que estaba embarazada, pero las autoridades de Hidalgo determinaron que no había pruebas de la agresión y su caso se cerró.
Le negaron la posibilidad de interrupción legal del embarazo, por lo que se interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Yolanda Molina Reyes, abogada de Carlota, señaló en entrevista para El Heraldo de México que el máximo tribunal del país nunca ha entrado al estudio de uno de estos casos, a pesar de que las agresiones sexuales son urgencias médicas y requieren atención inmediata por lo que será relevante su resolución al impactar en otras víctimas.
“Si denunciaste a los dos meses y medio, tienes prácticamente dos semanas para integrar tu carpeta porque hay que comprobar el cuerpo del delito y es casi imposible.
“Nosotros fundamentamos en la Ley General de Víctimas, que establece que es un derecho de las víctimas de violencia sexual la interrupción legal del embarazo y el Ministerio Público nos dijo que no, por lo que interpusimos un amparo”, detalló la también abogada del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).
Según Molina Reyes, la Corte debe resolver cinco casos similares y determinar si se vulneró el derecho a la salud y a la integridad personal, de estas jóvenes.
Carlota, dijo, tuvo afectaciones psicológicas, personales y de desarrollo; además que ve a su agresor a diario, pues viven en la misma calle.
Otro caso que debe discutir la Corte es el de Beatriz, una joven quien fue violada por el jefe de su hermana y el feto tenía una malformación, pero en un hospital de Morelos le negaron la interrupción del embarazo.
